Jornadas Ley Dependencia
23‐01‐2010
En este 2010, año en el que toca evaluar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
el Área de Bienestar Social Federal de Izquierda Unida ha celebrado unas jornadas sobre el
desarrollo y evaluación de la aplicación de la citada Ley.
Esta evolución trianual se corresponde con una exigencia, durante la tramitación
parlamentaria de la Ley, de nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados.
En estas jornadas han intervenido los siguientes ponentes, por orden de intervención:
Apertura de las jornadas: Marga Ferré, Miembro de la Dirección Federal de IU, responsable de
programas.
Gaspar Llamazares Trigo, Diputado de IU, presidente de la Comisión de Sanidad y Políticas
Sociales del Congreso de los Diputados.
Héctor Maravall‐Gómez Allende, experto en Políticas Sociales, ex adjunto Secretaría de
Políticas Sociales Confederal de Comisiones Obreras.
Jaime Moreno Monjas, Secretario del Consejo Estatal de Personas Mayores.
Vicente Gómez Vicente, Presidente de Organización Social de Mayores.
Pedro Jesús Rodríguez Martínez, Director General de Servicios y Prestaciones Sociales de la
Comunidad Autónoma de Asturias.
Josefina Santiago, Consejera de Acción Social, Promoción e Inmigración, de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
Pepa Amat, Diputada de la Comunidad de Madrid por IU, responsable de Políticas Sociales.
Pedro del Cura, Teniente de Alcalde del Área de Políticas Sociales, Rivas‐Vacía‐madrid
Begoña San José, del Foro de Políticas Feministas.
Moderador: Manuel Muñoz Fernández, Coordinador Federal Bienestar Social, de IU.
Cierre de jornadas: Yolanda Díaz, Secretaria Federal de Políticas Sociales.
CONCLUSIONES:
‐Se considera prácticamente por la unanimidad de los asistentes, ponentes y publico, que la
Ley de Dependencia debe ser defendida e impulsada, con otro modelo de gestión por
innumerables razones:
• Porque es una Ley progresista; “una Ley Nórdica en un país del Medio‐estar”.
• Porque teniendo mucho que mejorar y avanzar en la aplicación, hay muchas personas que
la necesitan.
• Porque hay muchas resistencias, de la derecha, de las multinacionales de seguros, etc., del
Ministerio de Economía, así como tendencias privatizadoras de los Servicios Sociales.
• Porque supone un importante yacimiento de empleo, que requiere de nuestro esfuerzo
para que sea empleo profesional y de calidad.
‐ La Ley requiere unos mínimos de aplicación común por Comunidades exigibles por el
Gobierno Central.
‐ También requiere una ofensiva desde las Comunidades en las que estamos en el gobierno,
para que no pierda su esencia: debe ser una ley de servicios profesionales y públicos, y la
prestación económica para los familiares debe ser excepcional.
‐ Requiere de un esfuerzo de todas las entidades sociales, y de nuestra coalición, para imprimir
coherencia político‐social ciudadana.
‐ Tenemos que exigir del Gobierno central su implicación para evitar situaciones de
incumplimiento de la aplicación de la Ley por parte de Comunidades Autónomas como Madrid
y Valencia, entre otras.
‐ Hay que exigir del Gobierno Central la transparencia de la información sobre los aspectos de
la Ley, a las CC AA, a las EE LL, y al público general.
